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Serie SOCIEDAD COLOMBIANA EXIGE JUSTICIA POR ELEVADA DESIGUALDAD SOCIAL Y MUCHOS ASESINATOS EN 2021 (Parte I)
- Por Edgar Ramos Andrade (*) / Cali - Colombia / 11 septiembre 2022 / Agencia Noticias ANC - Prensa Internacional y de Investigación +591 5801838 edgar.elalto@gmail.com
Antes de mi reciente viaje a Cali, estuve dos veces en Colombia. En 1999 fui invitado por la Fundación de Gabriel García Márquez a un Curso de Periodismo en Cartagena; en 2017 asistí en Bogotá a la reunión latinoamericana de corresponsales de Reporteros Sin Fronteras. Este año incursioné “barrio adentro” en Siloé, a donde llegué a pie, como parte del Tribunal Popular Internacional que investiga y juzgará crímenes de abril a junio 2021.
¿QUÉ PASÓ EN COLOMBIA EN 2021?
En junio 2021, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH –que actúa de fiscal acusador de Estados previo al juicio en Corte IDH– estuvo en Colombia; documentó la protesta social 2021 y sus secuelas. Y como los fiscales colombianos están lentos, presentamos resumen del Informe CIDH y Recomendaciones, más el archivo PDF respectivo.
En 2019 y 2020, las movilizaciones sociales –señala CIDH– se dieron por el aumento de la pobreza, inequidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de defensores, líderes y lideresas sociales. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 21 millones de personas estaban en situación de pobreza y 7.5 millones en pobreza extrema. La Alta Comisionada para Derechos Humanos de ONU reportó 133 asesinatos en 2020.
A inicios de 2021, el gobierno propuso medidas de “Regresividad impositiva, y gasto social bajo” como aumentar impuestos a alimentos básicos, concordantes con la discriminación estructural étnico racial y de género, y discursos estigmatizantes. Las protestas comenzaron el 28 de abril; para reprimirlas participaron el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD esa "amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse y expresar pacíficamente sus opiniones” el GOES y las Fuerzas Armadas. Ya no hubo garantía de derechos humanos.
Además, era notoria la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo del Estado (gobierno nacional) y una afectación al sistema de contrapesos por vínculos entre integrantes del gobierno y personas elegidas para ocupar elevados cargos en órganos de investigación y control.
Según datos estatales hubo: 12.478 protestas en 862 municipios (77% de 1.122) en 32 departamentos; 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. La Fiscalía General reportó a CIDH 51 fallecidos de abril a junio. El gobierno indicó que al 13 de junio se tenían 1.113 personas civiles lesionadas y, según la Defensoría del Pueblo de 783 personas reportadas desaparecidas, al 15 de junio se mantenía la búsqueda de 84.
CIDH destaca la masiva participación ciudadana en asuntos públicos y ejerce derecho a protestar pacíficamente, como manda el artículo 37 de la Constitución; que la protesta pacífica cumplió rol esencial al visibilizar reclamos que atender y voces que escuchar. Insta al Estado a reforzar diálogo y reconciliación para desactivar tensión y hostilidad latentes en la sociedad, y anuncia un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos.
41 RECOMENDACIONES A CONDUCTORES DEL ESTADO COLOMBIANO. Síntesis
1. Diálogo sincero Estado - sociedad, territorial y énfasis en zonas de mayor discriminación.
2. Recuperar confianza social en Estado a partir de la independencia de poderes públicos.
3. Fortalecer derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la sociedad.
4. Garantizar la vida y seguridad de personas que testificaron ante CIDH. NO reprimirlas.
5. Respetar derecho a la protesta social y a la participación política de la población.
6. Funcionarios públicos NO deben estigmatizar a jóvenes, indígenas, mujeres y negros.
7. Urge Ley que regule protestas. Base: sentencia STC 7641-2020 y estándar internacional.
8. Fuerza policial en protesta social debe cesar uso desproporcionado de la fuerza.
9. En protesta social, la policía debe priorizar defender la vida y seguridad de las personas.
10. Sancionar a la policía si incurre en grave afectación a integridad y salud de las personas.
11. Implementar, ya, procedimiento para PROHIBIR uso de fuerza letal en protesta social.
12. Reestructurar fuerza policial, basado en: límite legal, enfoque étnico-racial y de género.
13. Esmad DEBE garantizar orden público y derecho a protestar y, limitarse a lo necesario.
14. Esmad debe dejar la fuerza militar y preservar: seguridad ciudadana y derechos humanos.
15. Fuerzas de seguridad DEBEN rendir cuentas, de forma: imparcial, exhaustiva y expedita.
16. Sistematizar dato desagregado de personas: fallecidas, heridas, detenidas, y desaparecidas.
17. Urge programas de reparación integral a víctimas de violencia de agentes de seguridad.
18. Priorizar que niñas y mujeres accedan a la justicia: denuncia, investigación y reparación.
19. En casos de violencia de género, fortalecer mecanismos tradicionales y redes comunitarias.
20. ELIMINAR la intolerancia y criminalización contra personas por su origen étnico-racial.
21. Restringir el “traslado por protección” a situaciones de debilidad o vulnerabilidad de personas.
22. Garantizar el derecho al debido proceso a personas que hayan sido detenidas por protestar.
23. Familiares o abogados de detenidos DEBEN tener acceso a información de esa detención.
24. Revisión, independiente e individualizada, de cada imputación y arresto por la protesta social.
25. Liberar de inmediato a personas detenidas arbitrariamente y aun estén privados de libertad.
26. Crear Comisión especial para dar con el paradero de personas reportadas desaparecidas.
27. La Procuraduría nacional NO debe: procesar, destituir o inhabilitar a autoridades electas.
28. Prioridad: Que Orden público y Seguridad ciudadana sean tarea de cuerpos de seguridad civil.
29. FFAA pueden ejercer tareas de seguridad solo en caso extremo y sujeto a autoridad civil.
30. Reformar Decreto 575. Participación de FFAA sea compatible con el derecho internacional.
31. La justicia militar SOLO debe ser aplicada en casos de juicio a militares activos.
32. Justicia ordinaria DEBE aplicarse para investigar y juzgar presuntos delitos violación de DDHH.
33. Investigación y juicios por la protesta social deben garantizar el debido proceso.
34. NO prohibir de manera generalizada y a priori cortes de ruta como modalidad de protesta.
35. Cortes de ruta como protesta social deben tener principios de legalidad y fines legítimos.
36. Generar diálogo permanente entre negociadores estatales entrenados y la sociedad.
37. Garantizar ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el trabajo de periodistas.
38. Garantizar trabajo de medios de comunicación y abstenerse de censura directa o indirecta.
39. Brindar periódicamente información técnica sobre funcionamiento de las redes Internet.
40. NO categorizar de “falso” o “verdadero” ni criminalizar opiniones a través de internet
41. Garantizar y proteger tareas de misiones médicas y humanitarias en la protesta social.
(*) Edgar Ramos Andrade. Comunicador e Investigador Social graduado en Universidad Nacional de La Plata Argentina. Es Magistrado Internacional del “Tribunal Popular Verdad y Justicia Siolé Colombia” y autor de varios libros +591 75801838 edgar.elalto@gmail.com
Facebook: Edgar Ramos Andrade
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Series COLOMBIAN SOCIETY DEMANDS JUSTICE FOR HIGH SOCIAL INEQUALITY AND MANY MURDERS IN 2021 (Part I)
- By Edgar Ramos Andrade (*) / Cali - Colombia / September 11, 2022 / Agencia Noticias ANC - International and Investigative Press +591 5801838 edgar.elalto @gmail.com
Before my recent trip to Cali, I was in Colombia twice. In 1999 I was invited by the Gabriel García Márquez Foundation to a Journalism Course in Cartagena; In 2017 I attended the Latin American meeting of correspondents of Reporters Without Borders in Bogotá. This year I ventured "inside the neighborhood" in Siloé, where I arrived on foot, as part of the International People's Tribunal that investigates and will judge crimes from April to June 2021.
WHAT HAPPENED IN COLOMBIA IN 2021?
In June 2021, a mission from the Inter-American Commission on Human Rights, IACHR –which acts as the prosecutor accusing States prior to the trial in the Inter-American Court– was in Colombia; documented the 2021 social protest and its aftermath. And since Colombian prosecutors are slow, we present a summary of the IACHR Report and Recommendations, plus the respective PDF file.
In 2019 and 2020, the social mobilizations – the IACHR points out – were due to the increase in poverty, inequality and violence, coupled with the growing number of murders of defenders, leaders and social leaders. According to the National Administrative Department of Statistics DANE, 21 million people were in a situation of poverty and 7.5 million in extreme poverty. The UN High Commissioner for Human Rights reported 133 murders in 2020.
At the beginning of 2021, the government proposed measures of "tax regressiveness, and low social spending” such as increasing taxes on basic foods, consistent with structural ethnic, racial and gender discrimination, and stigmatizing speeches. The protests began on April 28; the ESMAD Mobile Riot Squad participated in repressing them, that "serious and current threat to those who intend to go out and mobilize and peacefully express their opinions," the GOES and the Armed Forces.
There was no longer a guarantee of human rights. In addition, the concentration of powers in the Executive Power of the State (national government) and an impact on the system of checks and balances due to links between members of the government and people elected to occupy high positions in investigation and control bodies.
According to state data, there were: 12,478 protests in 862 municipalities (77% of 1,122) in 32 departments; 6,328 rallies, 2,300 marches, 3,190 blockades, 632 demonstrations and 28 assemblies. The Attorney General's Office reported 51 deaths to the IACHR from April to June. The government indicated that as of June 13, 1,113 civilians had been injured and, according to the Ombudsman's Office, of 783 persons reported missing, as of June 15, the search for 84 was ongoing.
IACHR highlights the massive citizen participation in public affairs and exercises the right to protest peacefully, as mandated by article 37 of the Constitution; that the peaceful protest played an essential role by making visible claims to be addressed and voices to be heard. It urges the State to strengthen dialogue and reconciliation to defuse latent tension and hostility in society, and announces a Special Follow-up Mechanism on Human Rights.
41 RECOMMENDATIONS FOR DRIVERS OF THE COLOMBIAN STATE, Summary
1. Sincere dialogue State - society, territorial and emphasis on areas of greatest discrimination.
2. Recover social confidence in the State based on the independence of public powers.
3. Strengthen economic, social, cultural and environmental rights of society.
4. Guarantee the life and safety of people who testified before the IACHR. DO NOT repress them.
5. Respect the population's right to social protest and political participation.
6. Public officials must NOT stigmatize young people, indigenous people, women and blacks.
7. Law that regulates protests is urgent. Base: STC 7641-2020 judgment and international standard.
8. Police force in social protest must cease disproportionate use of force.
9. In social protest, the police must prioritize defending the life and safety of people.
10. Punish the police if they seriously affect the integrity and health of people.
11. Implement, now, a procedure to PROHIBIT the use of lethal force in social protest.
12. Restructure the police force, based on: legal limit, ethnic-racial and gender approach.
13. Esmad MUST guarantee public order and the right to protest, limiting itself to what is necessary.
14. Esmad must leave the military force and preserve: citizen security and human rights.
15. Security forces MUST render accounts, in an impartial, exhaustive and expeditious manner.
16. Systematize disaggregated data on people: deceased, injured, detained, and missing.
17. Comprehensive reparation programs for victims of violence by security agents are urgently needed.
18. Prioritize that girls and women have access to justice: complaint, investigation and reparation.
19. In cases of gender violence, strengthen traditional mechanisms and community networks.
20. ELIMINATE intolerance and criminalization against people because of their ethnic-racial origin.
21. Restrict the “transfer for protection” to situations of weakness or vulnerability of people.
22. Guarantee the right to due process for people who have been detained for protesting.
23. Relatives or attorneys of detainees SHOULD have access to information on that detention.
24. Review, independent and individualized, of each accusation and arrest for social protest.
25. Immediately release arbitrarily detained persons who are still deprived of liberty.
26. Create a special commission to find the whereabouts of people reported missing.
27. The National Attorney's Office must NOT: prosecute, remove or disqualify elected authorities.
28. Priority: That public order and citizen security be the task of civil security forces.
29. Armed Forces can carry out security tasks only in extreme cases and subject to civil authority.
30. Reform Decree 575. Participation of Armed Forces is compatible with international law.
31. Military justice should ONLY be applied in cases of trial of active military.
32. Ordinary justice SHOULD be applied to investigate and prosecute alleged human rights violations.
33. Investigation and trials for social protest must guarantee due process.
34. NOT prohibit roadblocks in general and a priori as a form of protest.
35. Roadblocks as a social protest must have principles of legality and legitimate purposes.
36. Generate permanent dialogue between trained state negotiators and society.
37. Guarantee the exercise of the right to freedom of expression and the work of journalists.
38. Guarantee the work of the media and refrain from direct or indirect censorship.
39. Periodically provide technical information on the operation of Internet networks.
40. NOT categorize as “true” or “false” or criminalize opinions on the Internet.
41. Guarantee and protect the tasks of medical and humanitarian missions in social protest.
(*) Edgar Ramos Andrade. Communicator and Social Researcher graduated from the National University of La Plata, Argentina. He is an International Magistrate of the "Popular Court of Truth and Justice Siolé Colombia" and author of several books +591 75801838 edgar.elalto@gmail.com